¿Si o No en la Consulta Popular?

Autor: John Jairo Ojeda Chamba  @johnziitof

Primero, he de confesar que fui uno de los millones de ecuatorianos que no votó a favor del actual presidente, Lenin Moreno. Soy también, uno de tantos que observa con sorpresa la incertidumbre del rumbo político que está tomando el nuevo mandatario.

El 24 de mayo de 2017, fecha de su posesión, Moreno anunciaba en su discurso las primeras medidas que reflejaban un tibio distanciamiento con el régimen de su antecesor Rafael Correa. En una de estas se mencionaba la supresión de los famosos enlaces sabatinos, además del anuncio de amnistías a personas que fueron encarceladas por protestar en contra del régimen correista.

Los meses transcurrieron, y las revelaciones de los casos Odebrecht y Petroecuador apuntaron al ex contralor Polít, al ex ministro Pareja Yanuzelli, y al hoy preso vicepresidente Glas, lo que reafirmó la creencia de que la corrupción seguía siendo un tumor impregnado en nuestro sistema político y que al parecer las instituciones de control no servían, eran cómplices, o al menos no investigaban dichas acciones. A esto se le suma el fantasma del legado de Rafael Correa, que, va encaminado a convertirse en la principal oposición del gobierno actual. Por si fuera poco, la evidente ruptura del bloque legislativo de AP entre el correismo duro y el reformista, está también obligando a Moreno a buscar estrategias que garanticen su gobernabilidad, pero sobretodo, a replantear una reforma política urgente.

Con este antecedente, surge una pregunta que muchos ecuatorianos nos hemos formulado: ¿Cómo Moreno puede garantizarnos una reforma a nuestro sistema político, si tiene a parte de la Asamblea Nacional abiertamente declarada en su contra y a un predecesor tachándolo de traidor? La promesa de una consulta popular pareció ser la mejor carta de Moreno para combatir las trincheras del correísmo, que evidentemente desean conservar todo el aparataje estatal construido en la denominada  “década ganada”.

Son siete las preguntas que los ecuatorianos deberán aprobar, siendo tres de estas fundamentales para la democracia ecuatoriana. Esta vez nos centraremos en la pregunta que, a mi parecer, es la de mayor importancia:

Segunda pregunta: Para garantizar el principio de la alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el Anexo 2?”

¿Por qué es importante decirle NO a la reelección indefinida? Varios son los puntos a tomar en cuenta. Primero, es importante recordar que, la enmienda a la Constitución para aprobar la reelección indefinida del presidente de la República en 2015 fue uno de los peores atropellos de una Asamblea que rechazó consultarle a su pueblo si desea que sus autoridades nacionales puedan reelegirse las veces que quieran. De repente, el partido político que se jactaba de validar sus acciones por medio de las urnas, temía la decisión del pueblo que exigía una consulta sobre el tema. Los asambleístas que aprobaron dicha enmienda alegaban que los ecuatorianos tienen el derecho de reelegir a una persona cuantas veces sea necesario si es que esta garantiza el desarrollo del país, en otras palabras, Alianza País (AP) creía que su líder era el único capaz de dirigir las riendas de la nación, y al parecer, su Constitución del 2008 fue un obstáculo para ello. Esto no solo evidenció la incapacidad de formación nuevos y jóvenes líderes por parte Ap para relevar a Correa, sino que también se mostraron como un movimiento caudillista que sigue las órdenes de una sola persona. Personajes como María Alejandra Vicuña, actual vicepresidenta encargada, son el vivo ejemplo de quien votó a favor de la reelección indefinida en 2015 y que hoy está a cargo de hacer campaña por el SI.

No nos engañemos, la reelección indefinida no es más que una aberración política para eternizarse en el poder. Coincidencialmente en América Latina, los únicos gobiernos, con excepción de Honduras, que poseen la figura constitucional de la reelección indefinida pertenecen a la línea ideológica del socialismo del siglo XXI y de estos, Cuba es el más claro exponente de una “dictadura” donde no existe oposición capaz de hacerle frente al castrismo. Nicaragua y sus últimas elecciones de 2016 fueron el centro de atención pues, resultaron ser muy cuestionadas debido a la prohibición judicial emitida por el gobierno para impedir que la oposición participe en las mismas, además de que el presidente Ortega no permitió que organizaciones internacionales confiables realicen observaciones del proceso. Venezuela ni que hablar. Maduro ha anunciado en múltiples ocasiones que el chavismo nunca dejará el poder y se ha podido evidenciar esto en las últimas elecciones, que al parecer, las ha manejado a su antojo. En Bolivia, Evo ha anunciado su intención de reelegirse nuevamente a pesar de que en Febrero de 2016, el pueblo boliviano le dijo NO a sus intenciones populistas.

¿Qué tienen en común estos países? La franquicia socialista del siglo XXI. La receta es clara y sugiere que la eternización en el cargo presidencial es clave para obtener todos los poderes institucionales del país. No es raro, por lo tanto, que en todos los países mencionados se acuse al gobierno de controlar el poder legislativo, ejecutivo, electoral, judicial y que exista toda una maquinaria propagandística a favor del gobierno de turno. Ecuador no ha sido la excepción, por ello, la oportunidad que nos brinda la consulta popular es vital para blindar nuestra frágil pero creciente democracia de tiranías disfrazadas de revoluciones.

Nadie puede negar el avance que el país experimentó durante los últimos diez años, de hecho, hay muchas cosas de las cuales nos podemos sentir orgullosos y por las cuales somos un referente a nivel internacional. Pero seamos sinceros, no por eso podemos pensar que un país, con todas sus instituciones y todos sus recursos, deba someterse al capricho de un grupo que utilizará y hará lo que sea para continuar en el poder. La historia, y mucho más en América Latina, nos ha enseñado que las dictaduras y autoritarismos muchas veces se disfrazan de buenas intenciones.